De acuerdo con la titular de la SSPC, eso evitará que se repitan estrategias fallidas que perviertan a una institución de tal relevancia, y se afecte la seguridad y los derechos de la población.

“Tenemos la certeza de que esta institución quedará en buenas manos, y la Secretaría a mi cargo continuará con sus labores de coordinación del gabinete de seguridad y de las mesas de construcción de paz y seguridad”, sostuvo.

Asimismo, señaló que la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) estaría alineada con los estándares internacionales en la materia.

La secretaria dio ante legisladores del PVEM un reporte de resultados de seguridad en el país, así también sobre temas de justicia, preliberaciones de Personas Privadas de su Libertad.

También solicitó su apoyo para que sea posible el refinanciamiento del FASP y adelantar recursos 2023, 2024 a los estados, en este 2022, para el equipamiento de policías estatales y municipales.

“No sólo para infraestructura como está actualmente. Es decir, que en la misma ley que diga que tiene que ser equipo para la operación policial, patrullas, uniformes, chalecos, cascos, radios; lo que necesiten los municipios, en acuerdo con los gobiernos estatales”, manifestó.

Recordó que el gobierno de México tiene miles de millones de pesos en cuentas congeladas, procedentes del crimen organizado y del crimen de cuello blanco, y ese dinero –producto de la extorsión, del lavado, del crimen y de secuestros– que podría usarse para fortalecer a los cuerpos de seguridad, siempre que se aprueben cambios legislativos.

Dijo que trabaja en la elaboración de un proyecto de iniciativa de Ley General de Seguridad Privada, en cumplimiento a la reforma constitucional aprobada y publicada en 2021, para tener un Registro Nacional de las empresas dedicadas a esta actividad.

“Hay que homogeneizar procesos de autorización, de registro, revalidación y reforzar la coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional”.

Mencionó que se requieren también reformas, que seguramente generarán polémica, para facultar al Ejecutivo federal y a los ejecutivos estatales a que a través de un Comité integrado por autoridades penitenciarias, el Poder Judicial, las fiscalías y la Defensoría Pública, puedan determinar la procedencia y otorgamiento del beneficio de libertad anticipada de personas con condenas breves, por delitos no graves, o en estado de vulnerabilidad.

Para ello son necesarios cambios al artículo 21 de la Constitución, así como al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley de Ejecución Penal, relativo a los Beneficios de Preliberacionales y Sanciones no Privativas de la Libertad.