“De no concederse la medida cautelar en los términos y para los efectos precisados, se causarían daños irreversibles, porque de otorgarse la documentación solicitada, sería imposible volver las cosas al estado en que se encontraban, permitiendo con ello que sus efectos se consumen irreparablemente; lo que resulta contrario la naturaleza jurídica de la medida precautoria de que se trata”, señala el acuerdo p en la página de la Corte.

El caso empezó desde agosto de 2020 cuando comenzaron a circular en redes sociales videos en los que se observaba a Pío recibir paquetes de dinero presuntamente para campañas políticas.

A raíz de eso, el INE solicitó a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la FGR copia de las carpetas de investigación abiertas sobre estos casos. La FGR se negó argumentando que era una indagatoria en proceso y que de entregar las copias se violaría la Constitución.

Entonces el INE acudió al TEPJF, quien determinó que la FGR debía acceder a la orden, por lo que la fiscalía interpuso una controversia constitucional que días después fue admitida por la SCJN.

Sin embargo, es de aclarar que este recurso sólo sirve para que se frene el proceso judicial en tanto el Máximo Tribunal del país no se pronuncia al respecto de forma definitiva.