Explica que dentro de la iniciativa se propone derogar el artículo 331 sin embargo no es suficiente para evitar que se sigan cometiendo abusos de autoridad y detenciones arbitrarias.

“Quiero llamar la atención a este Pleno, porque esa derogación está incompleta, por la siguiente razón: se está proponiendo derogar el artículo 331, artículo 331 que, dice: se impondrá de seis meses a dos años de prisión y multa de 10 a 40 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización diaria, fíjense en la descripción, a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas, pero sigue vigente el artículo 371 Quinquies que, dice: a quien amenace o agreda a un integrante o elemento de una institución de seguridad pública municipal o estatal en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas. Es lo mismo”, señala.

Considera que con derogar el 331 y que se quede el 371 continuará vigente la disposición como un “espejo” de la otra que se creó.

El legislador hizo referencia a la detención de Rogelio “N” basada en el delito del ultraje a la autoridad, la cual insiste se trata de una acción inconstitucional que la Suprema Corte de Justicia ya lo ha reiterado.

También tocó el caso de José Manuel “N” del cual dijo que no hay una sola prueba, ni siquiera circunstancial que pueda dar soporte a la orden de captura.

 

“Por eso es que en ese punto de la legalidad no me voy a detener porque incluso ya la acompaña un antecedente parlamentario, pero sí en el otro punto, en el que se ha venido discutiendo, yo me he referido a la actuación no del gobierno de Veracruz, lo digo de manera personal, yo me he referido a la actuación de la Fiscalía de Veracruz y del Poder Judicial de Veracruz, que son autónomos del gobierno de Veracruz, son autónomos, al menos deberían de ser o deberían de ser autónomos”, insiste.

Publicado originalmente en Diario de Xalapa