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Se cae orden de captura contra implicado en caso García Cabeza de Vaca

El Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, dejó insubsistente la orden de aprehensión contra el empresario Juan Francisco Tamez Arellano, la orden de aprehensión contra el empresario Juan Francisco Tamez Arellano, por presuntamente por colaborar como prestanombres del gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

“La Justicia de la Unión ampara y protege…” señala el resoolutivo del juez quien no hizo pública la versión del fallo. Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) puede impugnar la sentencia para que el caso pase a un tribunal colegiado quien determinará si revoca, confirma o modifica la decisión.

En mayo del año pasado, el Ministerio Público Federal obtuvo la orden de captura en que a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) se le autorizó aprehender a los empresarios Baltazar Higinio Reséndiz y Juan Francisco Tamez, así como a cuatro colaboradores del Cabeza de Vaca que habrían participado en el ocultamiento de recursos desviados del erario local y que habrían sido utilizados para adquirir bienes inmuebles en Estados Unidos y México, así como en transferencias financieras ilícitas.

Fue en julio cuando un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, vinculó a proceso al empresario Baltazar Higinio Reséndez Cantú, por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Reséndez Cantú fue detenido por autoridades estadunidenses en Texas, y ante la existencia de una orden de aprehensión en su contra lo deportaron a territorio mexicano y entregado a integrantes del Instituto Nacional de Migración (INM) y representantes de la FGR, en el Puente Internacional MacAllen-Reynosa.

Por otra parte, el el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en materia Penal de Tepic, le negó un amparo al ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, con el que pretendía que la Fiscalía General de la República (FGR) pueda asegurar dos inmuebles de su propiedad.

El político priista, busca recuperar el rancho “El Ensueño” y un lote en el fraccionamiento “Navarrete Autan”, confiscados el 2 de marzo de 2021 como parte de la investigación por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Fuente: La Jornada

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