El pleno de la Cámara de Senadores aprobó en lo general y en lo particular, así como turnó al Ejecutivo Federal, sin ninguna modificación, la reforma que extinguió 13 de 14 de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, cuyos recursos ascienden a más de 15 mil millones de pesos.

Con el aval de Morena y sus aliados se concretó la reforma en lo particular por 67 votos a favor y 49 en contra, la cual fue calificada por la oposición como una venganza del Presidente en contra los ministros de la SCJN por no respaldar sus reformas en materia electoral.

Después de un debate de más de ocho horas se rechazaron todas las reservas que presentaron senadores del llamado Bloque de Contención y la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Ana Lilia Rivera, turnó al Ejecutivo Federal la reforma al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

La reforma estipula que en no podrán crearse ni mantenerse en operación fondos o fideicomisos adicionales al fondo económico para el mejoramiento de la administración de justicia que ya precisa la norma.

En los artículos transitorios se dispone que los órganos del Poder Judicial tienen 120 días hábiles para suscribir convenios de extinción o terminación de esos fideicomisos, mientras que las obligaciones derivadas de los instrumentos jurídicos que se extinguen o terminan por la reforma, serán atendidas con los recursos que correspondan de los mismos fideicomisos.

También que los recursos remanentes de ellos deberán informarse a la Tesorería de la Federación en el mismo plazo de 120 días, a la que, además, deberá entregarse el recurso para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo destine a programas que permitan cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo del Ejecutivo federal.

En tribuna, la senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota, presentó una reserva y dijo que la desaparición de fideicomisos, “esta expropiación de los ahorros de las y los trabajadores, este odio y ataques cotidianos desde Palacio Nacional para desprestigiar y satanizar al Poder Judicial nada tiene que ver ni con la transparencia y mucho menos con la rendición de cuentas”.

“Por cierto, llama la atención, por decir lo menos, que sea hasta la llegada de la ministra Piña como presidenta de la Suprema Corte de la Nación, cuando se convierte al Poder Judicial como el enemigo público número 1 desde Palacio Nacional”, subrayó.

El Universal