“Nos encontramos hoy aquí para reivindicar y dignificar su trabajo, para resarcir y dignificar su memoria, por ello ofrezco una disculpa pública a Digna y a su familia porque el Estado mexicano no pudo garantizar su seguridad y su integridad personal y porque tampoco el Estado mexicano garantizó su acceso pleno a la justicia”, expuso.

Encinas reconoció que las autoridades de la Ciudad de México, así como las federales, no cumplieron con los protocolos especializados para la investigación de su caso, que cometieron faltas al debido proceso y no realizaron las debidas diligencias, además de que se le revictimizó y estigmatizó por ser mujer.

Digna Ochoa fue encontrada sin vida en su despacho en la colonia Roma, el 19 de octubre de 2001. De acuerdo con la información, habría recibido dos disparos de arma de fuego, pero nunca se aclararon las circunstancias de su muerte.

En el evento de este miércoles, también participaron la fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, y el secretario de Gobierno de la capital, Martí Batres, quien anunció que la calle General Gabriel Hernández pasaría a ser nombrada como Digna Ochoa y Plácido.

Asimismo, dio a conocer que la Fiscalía local reabrió la investigación sobre el asesinato de Digna Ochoa, para la cual se conformó una Unidad Especializada que, según agregó la titular Ernestina Godoy, está integrada por un grupo interdisciplinario de especialistas en la investigación ministerial, en la investigación policial, en el análisis de contexto, en el enfoque de género y de derechos humanos, las cuales en su mayoría son mujeres.

Dicho equipo que, dijo, cuenta con el voto de confianza de la familia Ochoa y Plácido, ya se ha encargado de diseñar un plan estratégico de investigación, el cual tomó en cuenta protocolos y esquemas de investigación ministerial propuestos por la Organización de las Naciones Unidas que garanticen una debida diligencia con perspectiva de género.

“Ese colectivo de personas profesionales tiene la disposición más amplia y sincera de construir una relación colaborativa, horizontal, atenta y respetuosa con la familia y la representación legal, para que la tarea transcurra en condiciones idóneas atendiendo a la relevancia que respecto de la familia y la comunidad tiene el esclarecimiento de los hechos”, concluyó.