Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta peruana Dina Boluarte, fue detenido el viernes en un operativo en el que participaron fiscales anticorrupción y policías, y en el que también fue aprehendido el abogado de la mandataria, Mateo Castañeda.

La detención preliminar emitida por el Poder Judicial a pedido del Ministerio Público, se produjo como parte de las investigaciones contra ellos y más funcionarios del gobierno de Boluarte por presuntamente integrar un grupo que traficaba influencias al designar funcionarios a cambio de dinero y los obligaba a recolectar firmas para inscribir a un partido político.

El operativo se produjo horas después de que el gobierno de Boluarte desactivó al equipo policial de élite que apoyaba al equipo de fiscales que investigan al entorno de la mandataria.

El allanamiento de las casas y detención de Nicanor Boluarte y del abogado Castañeda desplegó decenas de fiscales y policías, según imágenes televisivas.

“No nos vamos a distraer con asuntos menores. Creemos en la justicia del país, creemos en la razonabilidad de los que administran la justicia del país, y en esa línea este Gobierno seguirá apostando por la democracia, por respetar nuestra Constitución, por hacer más grande nuestra patria”, reaccionó la presidenta este mismo viernes, durante un acto oficial.

La fiscalía le imputa a Nicanor Boluarte, de 64 años, los delitos de organización criminal y tráfico de influencias por la designación de prefectos —funcionarios que reportan conflictos sociales en zonas alejadas— a cambio de dinero y de la recolección de firmas para la inscripción del partido político “Ciudadanos por el Perú”.

El abogado Castañeda —quien asesora a la mandataria en una investigación por el uso de joyas y relojes de lujo marca Rolex— es investigado en este caso por la fiscalía porque presuntamente intentó neutralizar las investigaciones contra Nicanor Boluarte al ofrecer beneficios a los miembros del equipo policial que ayuda en las investigaciones fiscales.

Según abogados penalistas, el hermano mayor de la presidenta Boluarte podría enfrentar 31 años de prisión de comprobarse la acusación fiscal.

Para la fiscalía, la finalidad de la organización criminal que supuestamente lidera Boluarte sería la de “copar el poder para obtener recursos económicos y reclutar afiliados para solventar y lograr la constitución del partido político ‘Ciudadanos por el Perú’, a fin de que sea utilizado como plataforma para mantener el poder en el aparato estatal y, con ello, obtener ganancias ilícitas”, según el documento emitido por el Poder Judicial peruano.

VOA/ doh