Conversaciones filtradas del informe del caso Ayotzinapa mostraron cómo presuntos criminales habrían operado la desaparición de los 43 normalistas el 26 de septiembre de 2014, seis de los cuales habrían seguido vivos hasta cuatro días después.

Fue la periodista Peniley Ramírez quien en sus redes sociales publicó la información sin testar del informe presentado por el gobierno federal.

La periodista publicó capturas de pantalla en donde presuntamente el exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, quien sería uno de los principales responsables de la desaparición de los alumnos, sostiene un diálogo en el que señala que Tomás Zerón de Lucio, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), coordinó todo para “crear una historia muy realista” sobre el caso y ocultar la verdad.

De acuerdo con los chats, supuestamente el 30 de septiembre seis normalistas seguían vivos en una bodega de Pueblo Viejo, colonia en la periferia de Iguala, luego de lo cual un supuesto miembro del Ejército asegura que “se encargarán de limpiar todo”; de acuerdo con la periodista, la Sedena registró una denuncia ese mismo día, en la que se señala el paradero de los seis estudiantes.

En otras conversaciones se habla, tras más de un mes, sobre que presuntos delincuentes siguen moviendo cuerpos o trasladándolos, con el fin de evitar se descubra su paradero; además, se intuye que algunos fueron trasladados al campo militar del 27 Batallón de Infantería, en Iguala, Guerrero.

Asimismo, se expone que presuntos miembros de la delincuencia organizada sostienen conversaciones sobre el destino de los estudiantes, en una de ellas “El Chango” le comenta a “El Chino” que pretendían quemar a un grupo de normalistas, pero decidieron dividirlos en grupos, por lo que “El Chucky” les “metió machete” y los restos los metieron en bolsas, para deshacerse de ellos.

En otra conversación, uno de los presuntos delincuentes señala que arrojó sus “paquetes” al río Balsas, mientras que otro los llevó a un pozo de Pueblo Viejo; en tanto, otro criminal señala que le pidieron disolver 10 cuerpos en ácido, pero no contaba con material suficiente, por lo que se deshizo únicamente de cinco; otros restos de los normalistas habrían sido conducidos a una casa en el municipio de Huitzuco y otros arrojados en una mina en Carrizalillo.

Tras la filtración de dicho informe, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar una indagatoria para “identificar y castigar” a quien resulte responsable del hecho.

“En todo momento se debe preservar el interés superior de las víctimas ante un asunto tan delicado. Este tipo de filtraciones, lejos de ayudar a la investigación, la perjudican y abren paso a la impunidad.”, apuntó.