La Cámara de Diputados declaró reformados los artículos 108 y 111 de la Constitución Política para acotar el fuero del Presidente de la República y establecer la posibilidad de juzgarlo no sólo por traición a la patria y delitos graves, sino también por hechos de corrupción, delitos electorales y cualquier otro acto ilícito.

La Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro dio cuenta de los votos aprobatorios de 18 de los 32 congresos locales y turnó el decreto al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor.

Las legislaturas estatales que ratificaron la reforma constitucional fueron las de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila de Zaragoza, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Yucatán y Zacatecas.

De acuerdo con las modificaciones a la Constitución Política, “durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano”.

No obstante, para iniciar un proceso penal contra el titular del Ejecutivo será preciso acusarlo primero ante el Senado de la República, que en su caso deberá resolver conforme a la legislación penal.

Al fijar el posicionamiento de Morena, la diputada Aleida Alavez sostuvo que la reforma a los artículos 108 y 111 constitucionales allana el paso a la justicia y acusó a la oposición de regatear su apoyo a dichos cambios.

“¿Por qué no reformaron antes la Constitución para tener esta posibilidad de acceder a la justicia en el país? Es muy sencillo: porque ustedes no tuvieron un Presidente como el nuestro, que puede gozar de decirse honrado y de trabajar con honestidad, cosas que a ustedes no les queda claro, ni lo sabrán hacer”, arengó.

Por el PAN, el diputado Marcos Aguilar calificó como una falsedad afirmar que con esta reforma se elimina el fuero constitucional del Presidente de la República, pues permanece intocada la necesidad de la declaratoria de procedencia por parte del Congreso para que el Ministerio Público impute delitos al mandatario en turno.

“Ciertamente nuestro grupo parlamentario votó a favor de dicha reforma, pero hicimos patente que no se estaba eliminando el fuero, como lo ofreció en su momento como candidato el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador”, puntualizó.

En representación del PRI, la legisladora Cynthia López celebró la reforma en materia de inmunidad procesal para asegurar la igualdad de todos ante la ley, sin importar si se tata del Presidente de la República o un legislador.

“Esta reforma constitucional debe ser el paso para lograr eliminar por completo cualquier viso de desigualdad e impunidad en nuestra Constitución: quien cometa un delito en este país, no importa el nombre ni el cargo, tendrá que ser juzgado”, remarcó.

Fuente: Milenio