El Ex FiscalGeneral del estado de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz fue detenido hace unas horas en Puerto Escondido Oaxaca así lo dio a conocer a través de sus redes sociales la periodista Gabriela Rasgado.

Por la mañana el gobernador Cuitláhuac García aseguraba que no iba a alentar los rumores de la presunta detención del abogado.

Captura que poco después fue confirmada.

Apenas hace unos semanas se dio conocer que el ex fiscal del Estado Jorge Winckler Ortiz, no podría ser reinstalado en el cargo, porque el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito le negó ayer jueves el amparo correspondiente.

El proyecto elaborado por el magistrado Octavio Ramos, que proponía la reinstalación de Jorge Winckler como fiscal estatal, porque justificaba que hubo serias violaciones a los derechos humanos del ex funcionario de la pasada administración, fue desechado por mayoría de votos.

El magistrado ponente planteaba, de “dejar insubsistente” el Acuerdo del 3 de septiembre de 2019, emitido por la Diputación Permanente de la Sexagésima Quinta Legislatura, publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz.

Además, que se procediera de inmediato a restituir en el cargo que venía ocupando Winckler desde el 2016 al frente de la titularidad de la Fiscalía General del Estado (FGE), elegido para un periodo de nueve años.

Y también que se realizara el pago de su sueldo, al igual que prestaciones económicas y de seguridad social, desde su separación como fiscal de la entidad hasta su restitución.

Durante la discusión del proyecto presentado, los magistrados Roberto Castillo Garrido y Alfonso Ortiz, coincidieron en argumentar que las violaciones hechas valer en torno a las facultades con las que contaba o no el Congreso para separar a Winckler de su cargo, no pueden estudiarse en este momento.

Es más, hicieron hincapié que sí existió un proceso iniciado por el Poder Legislativo para remover a Winckler Ortiz del cargo, por lo que la separación temporal y luego definitiva, estuvieron dentro del marco legal, pues al final de cuentas quien lo remueve del cargo definitivamente fue el Pleno del Congreso y no la Diputación Permanente.