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Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos acusa irregularidades en detención de funcionarios en Veracruz

La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), expresa su preocupación al  acusar irregularidades en las detenciones de servidores públicos en Veracruz y cita caso de jueza de Cosamaloapan, Angélica “N”.

Emite al respecto el siguiente comunicado:

*“El Estado mexicano está obligado en garantizar los derechos humanos mediante un debido proceso para la jueza Angélica Sánchez”

La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), en voz de su Comisionado para América Latina y el Caribe, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, manifestó una profunda preocupación por las detenciones irregulares a servidores públicos ocurridos en el Estado de Veracruz. Dichos servidores fueron sometidos a proceso por situaciones sorpresivas. En suma, una vez puestos en custodia, no se les informa adecuadamente sobre su situación jurídica.

Primero fue al Mtro. José María del Río Virgen, asesor de la Junta de Coordinación Política de Senado de la República, detenido el 21 de diciembre de 2021 por presuntamente haber participado en el homicidio de René Tovar, entonces candidato a la alcaldía de Cazones de Herrera por el partido Movimiento Ciudadano. A los seis meses fue liberado después de que un juez federal sentenció que el proceso no reunía los requisitos legales ni contaba con elementos que probaran la participación de Del Río en el delito.

Ahora es la Jueza Local Angélica Sánchez Hernández quien pasa por una situación similar. La mañana del viernes 16 de junio fue detenida cuando salía de un hotel en la Ciudad de México. Se le acusa de haber liberado a uno de los presuntos involucrados en el asesinato del diputado Juan Carlos Molina Palacios, ocurrido el 9 de noviembre de 2019. Su abogada y sus familiares sostuvieron que la jueza solamente acató la orden de un juzgado federal y que para sancionarla le están fabricando otro tipo de delitos.

No se puede dejar por alto el abuso de autoridad de quienes ejercen sin identificación las detenciones de presuntos delincuentes. En la CIDHPDA hacemos un llamado al Instituto de la Defensoría Pública Federal para que se atienda y garantice, mediante un debido proceso, la integridad física y los derechos fundamentales de esta funcionaria judicial que ha caído en una irresponsabilidad inoperante.

Gutiérrez Yáñez manifestó que el Estado mexicano no puede caer en un totalitarismo y contar con un servicio exprés y a la carta de detención. Es necesario revisar el actuar del Ministerio Público por este tipo de detenciones, pues han estado sucediendo con mayor frecuencia, dañando así el equilibrio social. El Comisionado Presidente de la CIDHPDA advierte que, de permitir acciones legales motivadas por un revanchismo político, se creará un caos social e inestabilidad en el sistema jurídico. Por lo tanto, el Estado mexicano debe apegarse estrictamente a los tratados internacionales en este tipo de asuntos. México no puede seguir utilizando viejas prácticas durante los procedimientos judiciales, como los llamados “levantones”, es decir, detenciones que no respetan el debido proceso.

Nos solidarizamos con la Jueza Sánchez y con la Asociación de Jueces y Magistrados. Así mismo exigimos que se haga respetar la ley durante el proceso por el que está pasando la funcionaria pública.

Foto: CIDHPDA/ doh

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