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Trinidad y Tobago despenaliza la homosexualidad

Aunque podría parecer que son ya pocos los países que penalizan la homosexualidad, la situación aún es grave y es necesario que todas las personas en el mundo dejen de ser perseguidas por su orientación sexual o su identidad de género. 

La lucha por los derechos de las poblaciones LGBTI ha sido lenta pero va avanzando; algunos países han dado pasos agigantados que les permite ponerse a la vanguardia con respecto al tema pero muchos más aún está rezagados. Por esto, es un acontecimiento importante que un país despenalice la homosexualidad. 

Así sucedió en Trinidad y Tobado, cuando la presidenta del Tribunal de la Corte Suprema, Devindra Rampersad, decretó la inconstitucionalidad de la Ley sobre Delitos Sexuales que penalizaba las relaciones homosexuales en el país. 

En su intervención, la jueza comparó esta ley con el Holocausto y el apartheid sudafricano, ya que la ley niega la humanidad y la dignidad de las personas que no son heterosexuales o cisgénero.

En el comunicado, Devindra Rampersad declaró que los artículos 13 y 16 de dicha ley son “inconstitucionales, ilegales, nulos, inválidos y sin efecto, en tanto tipifiquen como delito actos que constituyan una conducta sexual consentida entre adultos”.

El artículo 13 establecía desde 1986 que quienes tuvieran relaciones sexuales con alguien de su mismo género cometía un delito por el que sería condenado a 25 años de cárcel.  

En varias ocasiones el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas insistió al Gobierno de Trinidad y Tobago  que derogara las leyes que fueran en contra de las personas del colectivo LGTBI, pero la respuesta siempre había sido  negativa.

En febrero de 2017 un activista presentó una demanda por inconstitucionalidad contra los artículos 13 y 16 de la Ley Sobre Delitos Sexuales. Se trataba del activista  Jason Jones.

Los abogados de Jones explicaron en su denuncia que dichos artículos afectaban “de forma continuada y directamente la vida privada del demandante, al obligarlo a respetar la ley y abstenerse, (…) o a cometer los actos prohibidos y por lo tanto, ser objeto de enjuiciamiento penal”.

Tras presentar la demanda, Jason tuvo que abandonar su país pues recibió amenazas de muerte.

Luego del anuncio, activistas y ciudadanos salieron a las calles a celebrar la buena noticia.

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