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Sedena debe informar sobre homicidios cometidos por militares desde 1960

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) deberá buscar y proporcionar información estadística sobre los homicidios intencionales cometidos por militares desde 1960 hasta septiembre de 2015, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Un particular solicitó información sobre el número de hechos investigados por la Procuraduría General de Justicia Militar por el homicidio intencional de cuatro o más personas así como el número y sentido de las sentencias de los órganos jurisdiccionales militares.

También solicitó el número total y sexo de las víctimas, así como la cifra total de militares sentenciados por homicidio intencional.

La Procuraduría General de Justicia Militar, el Supremo Tribunal Militar y las direcciones generales de Justicia Militar, Derechos Humanos y de Archivo e Historia indicaron que no localizaron la información solicitada y por ende, concluyeron que era inexistente.

Ante ello, el particular presentó un recurso de revisión ante el INAI. El caso fue turnado a la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, quien determinó que la declaración de inexistencia no está fundamentada.

En una búsqueda de información realizada por el INAI se localizaron 116 recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra la Sedena. Una de ellas es el caso Santiago de los Caballeros, ocurrido el 26 de marzo de 2008, donde militares asesinaron a cuatro civiles. El personal castrense fue investigado y remitido a la prisión militar de Mazatlán.
Ante ello, el INAI consideró que hay elementos que permiten advertir que la información solicitada sí existe.

De acuerdo con la reforma al Código de Justicia Militar de junio de 2014, los delitos de orden común o federal cometidos por militares corresponderán a la jurisdicción militar siempre y cuando la víctima no tenga condición de civil.

Antes de esta reforma la estructura militar no distinguía en los delitos sobre los cuales la justicia se impartiría.

En su ponencia, la comisionada destacó que la procuraduría y el tribunal militar pueden tener el número de hechos investigados por homicidio intencional cometidos por militares y el número de sentencias, desde 1960 y hasta el 13 de junio de 2014, fecha en que se reformó el Código de Justicia Militar.

También apunto que ambas instancias deben tener el número de hechos investigados y sentencias contra personal castrense en el periodo comprendido entre el 13 de junio de 2014 y el 15 de septiembre de 2015, considerando que el particular en su solicitud de información no precisó si los homicidios fueron contra civiles o militares.

“La información solicitada da cuenta de la inquietud de los mexicanos referente a la Sedena. Válgase señalar que las estadísticas muestran que se trata de una de las instituciones que goza de más confianza entre la ciudadanía”, subrayó Kurczyn Villalobos.

La Organización Mundial Contra la Tortura recomendó a México en 2009 que los tribunales militares no debían juzgar las violaciones de derechos humanos cometidas contra civiles, derivado del caso Santiago de los Caballeros.

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