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Acusan de querer atacar a Evo Morales con el escándalo de exnovia

Tras el encarcelamiento de la expareja del presidente de Bolivia, Evo Morales, Gabriela Zapata, el gobierno ha denunciado una articulación política para atacar al mandatario.

El caso de Zapata que coincidió durante la campaña para el referendo de reelección presidencial que se llevó a cabo en el país, dio un giro al conocerse que el hijo que tuvieron la mujer y el gobernante y del que se dijo que había muerto poco después, está vivo, de acuerdo con familiares de Zapata.

El vicepresidente boliviano Álvaro García Linera al señalar que el escándalo es una “articulación política” en contra de Morales, mostró fotografías de dos hermanos de Zapata con diputados opositores como prueba de sus supuestos vínculos con el líder de la fuerza centrista Unidad Nacional (UN) Samuel Doria Medina y el expresidente Jorge Quiroga (2001-2002).

De acuerdo con García Linera, ambos políticos se olvidaron de las denuncias de tráfico de influencias dentro del caso, y usan el asunto del hijo para atacar a Evo Morales.

La relación del gobernante y la que fuera hasta hace poco empresaria y los contratos de Camce con el Estado derivaron en una denuncia del periodista Carlos Valverde sobre un supuesto tráfico de influencias, que el mandatario y su exnovia han negado.

El fin de semana Gabriela Zapata fue enviada a prisión por los supuestos delitos de “legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento de particulares con afectación al Estado y uso indebido de influencias en grado de complicidad”, mientras tanto una tía de la mujer y su abogada afirmaron que el niño estaba vivo.

Por su parte el presidente ratificó hoy que la versión que le dio Zapata fue que el menor murió e indicó que si efectivamente está vivo, quiere conocerlo y hacerse cargo de él, “aunque me pregunto por qué desde el 2007 me ocultaron, por qué razones me alejaron, y qué interese hay detrás de este alejamiento”.

El vicepresidente recordó que el gobierno decidió rescindir uno de los contratos con la empresa china por incumplimiento en la obra y se le sancionó con el cobro de unas garantías bancarias por más de 22 millones de dólares.

Con información de EFE

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